Acompañar trayectorias reales en clave de derecho

Una experiencia que invita a pensar

Este año, en el marco del Proyecto TRACES —un programa de acompañamiento a las trayectorias académicas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo—, acompañé a una estudiante de segundo año de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública que residía en Tunuyán, a unos 80 kilómetros del campus universitario, para acreditara la materia de Sociología General, en la que yo soy profesor.

En el marco del programa, organizamos tres encuentros presenciales, a modo de tutorías personalizadas, que incluyeron la lectura de los textos obligatorios, la elaboración de esquemas conceptuales y la puesta en común de manera oral. Estos espacios —más flexibles y adaptados a su situación— le permitieron no solo sostener su proceso de aprendizaje, sino también mantener un vínculo significativo con la universidad. Finalmente, aprobó la materia en el coloquio final.

Del “fracaso individual” a las trayectorias reales

Esta experiencia me permitió revisar críticamente la noción de “fracaso individual” y comprender, como sostiene Flavia Terigi (2009), que las trayectorias educativas no son lineales ni uniformes. Existen trayectorias teóricas, planificadas por el sistema bajo un modelo estandarizado, y trayectorias reales, atravesadas por interrupciones, discontinuidades y desigualdades sociales.

Pensar la situación de esta estudiante desde las trayectorias reales implica reconocer que sus dificultades no se explican por falta de esfuerzo o compromiso, sino por condiciones estructurales: la distancia geográfica, las limitaciones de transporte o los tiempos laborales. En lugar de culpar al sujeto, se trata de asumir —como educadores e instituciones— la responsabilidad de generar respuestas pedagógicas que hagan posible el aprendizaje.

Educar como práctica de derechos humanos

Tal como plantea Ana María Rodino (2015), una educación concebida desde un enfoque de derechos humanos es aquella que no deja a nadie afuera. Es una educación que reconoce en cada persona un sujeto de derecho y, por tanto, se organiza para garantizar su participación y permanencia.

Desde esta mirada, el acompañamiento personalizado, la flexibilidad en la asistencia y la posibilidad de combinar encuentros presenciales y virtuales se vuelven estrategias de inclusión y justicia educativa. Educar, en clave de derechos, es construir una pedagogía que dignifica y amplía horizontes; que hace de la enseñanza un acto ético y de reconocimiento.

Políticas, Estado e inclusión social

Finalmente, estos lineamientos de política universitaria se inscriben dentro de cierta matriz estatal que apunta a la inclusión social, aunque la experiencia se haya dado en un contexto de desfinanciamiento universitario y desguace estatal. Aquel modelo de Estado impulsó políticas que ampliaron el acceso y la permanencia en todos los niveles del sistema educativo, incluyendo la educación superior.

Programas como TRACES expresan esa lógica estatal que entiende la educación como motor de desarrollo humano y como derecho público, no como privilegio o como servicio tal como pretende avanzarse en la actualidad. Acompañar trayectorias, entonces, es también una forma de materializar el compromiso de un Estado que asume su rol de garante de derechos y que apuesta por la inclusión como horizonte.

Octavio Stacchiola